Desde el pasado 04 de febrero ocurre en Venezuela uno de los peores accidentes de toda la explotación petrolera en el país, cuando una tubería rota del Complejo Operacional Jusepín, estado Monagas, derramó una cantidad hasta hoy desconocida de crudo la cual se expandió 140 kilómetros, contaminando las aguas del rio Guarapiche, una de las principales fuentes de líquido de la ciudad de Maturín. El daño al afluente de agua fue de tal magnitud que obligó a la suspensión total del servicio tanto a los hogares de la capital del estado como a los diferentes centros de salud, además de la suspensión de clases en cinco municipios de la región. A pesar de la falta de información oficial, se estima que los daños al ecosistema son graves e irreversibles, dañando la producción de alimentos de la zona con la consecuente pérdida de las cosechas y afectando a decenas de pequeños y medianos agricultores.

El previsible cerco a la información, sin embargo, no ha tenido un contrapeso en la difusión de noticias por parte de un movimiento ambientalista y verde tan proactivo como articulado. Todo lo contrario. Una parte de las iniciativas ecologistas, que durante la década de los 90´s protagonizaron diferentes e importantes luchas, ha sido cooptado por el
Estado bolivariano. Muchos de los viejos activistas hoy ocupan diferentes puestos de responsabilidad en el gobierno bolivariano, incluyendo el Ministerio de Ambiente. Además, siendo la estatal petrolera PDVSA la principal receptora de ingresos del país y la primera fuente de financiamiento de los programas sociales conocidos como misiones, ha inmovilizado el cuestionamiento de las consecuencias sociales y ambientales de la explotación de recursos minerales. Muchos de los “ecologistas” que durante la década de los 80´s y 90´s criticaban duramente la principal fuente de contaminación en el país, la actividad petrolera, tienen 12 años sumidos en un silencio cómplice. No fueron pocos quienes ingresaron a la industria tras la recomposición burocrática del año 2003, cuando casi 20.000 trabajadores de la empresa fueron despedidos tras el llamado “paro petrolero” de finales del 2002. Algunos, incluso, han intentado el malabarismo de teorizar sobre la existencia de  un “ecosocialismo” basado en la profundización de la economía primario exportadora en el país. En la otra acera, sin embargo, el panorama no es más alentador. Algunas de las organizaciones ambientalistas más conocidas reciben financiamiento de las compañías transnacionales energéticas para proyectos de “desarrollo sustentable”.

Si se revisa el último directorio conocido de grupos ambientalistas en el país se podrá constatar que de un centenar de organizaciones, ninguna trabaja la afectación del medio ambiente producido por la extracción de minerales e hidrocarburos. Como un elemento adicional a la parálisis se encuentra la electoralización de la agenda de los movimientos de base venezolanos, los cuales mientras ocurre una de las peores tragedias ecológicas de los últimos años se encuentran movilizados casi exclusivamente en la campaña electoral de alguno de los dos bandos.

En Venezuela no existe una discusión acerca de un proyecto de país posterior al previsible agotamiento de los recursos energéticos. Bolivarianos y opositores se mantienen en una dura pugna por controlar la renta petrolera en el país, y sobre ella basan su oferta electoral. Las luchas de las diferentes comunidades indígenas, campesinas y de pescadores contra la contaminación energética se desarrollan de manera aislada y sin interlocutores en otras movilizaciones ciudadanas. Y como ocurre con la contaminación gasífera en la comunidad kariña de Tascabaña (estado Anzoátegui), Pdvsa realiza con impunidad el peor de los chantajes: Si los afectados y afectadas denuncian serán retiradas las diferentes misiones presentes en la comunidad.

El petróleo, gas, carbón y demás minerales venezolanos alimentan las calderas de la globalización económica capitalista. La expansión y arraigo de las empresas mixtas ha revertido la nacionalización de la industria, ocurrida a mediados de los 70´s. Centenares de familias humildes sufren diferentes enfermedades y alteraciones genéticas como consecuencia de la contaminación. Especies animales y vegetales son amenazadas de extinción por la deforestación de sus hábitats y la afectación de las fuentes de agua. Comunidades indígenas son desplazadas de sus tierras ancestrales y pierden su cultura debido al impacto de los enclaves carboníferos y petroleros. La cultura producto de la renta petrolera nos ha hecho un país cada vez más dependiente e importador, que alimenta los delirios estadocéntricos, la carrera armamentista y la militarización del país.

Cualquier proyecto de país debe basarse en un nuevo modelo civilizatorio, en el equilibrio entre el hombre, la mujer y la naturaleza, la justicia social y la libertad, sin la dependencia conocida de los combustibles fósiles para el desarrollo. Para ello deben existir movimientos sociales autónomos y beligerantes, especialmente los ecologistas y protectores del medio ambiente, como verdadera precondición del cambio.

Periódico El Libertario

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