El 12 de julio de 2014, el día antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA, la Policía Civil de Río de Janeiro acusó a 28 activistas de organizar “actos violentos” en eventos, de los cuales 18 fueron mantenidos en prisión en cárceles de máxima seguridad, en una operación que incluye violaciones de la intimidad de los hogares y la dignidad de las presas y sus familias. En una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de la Policía en el mismo día, panfletos, periódicos y banderas de movimientos populares fueron expuestos como “evidencia” del éxito de la Operación Firewall 2, exhibiendo el carácter político no solo de la acción policial, sino que de toda la investigación. Decenas de activistas y sus familias han tenido sus teléfonos intervenidos durante meses, incluyendo los de los abogados cuyas conversaciones con sus clientes también han sido escuchadas. En los días siguientes, varios luchadores, todos trabajadores y/o estudiantes, han permanecido encarcelados en una prisión de máxima seguridad, sufriendo abusos y torturas. Particularmente crítica fue la situación de una compañera menor de edad que fue sometida a tortura todos los días del cautiverio por agentes del Estado.
Los activistas fueron llevados a la Ciudad de la Policía en Río de Janeiro, un gran complejo policial con distintas Delegaciones en su interior y que fue construido para reprimir a los que desafían los megaeventos y la lógica de la ciudad-mercancía. En este gran complejo se encuentra la DRCI, Delegación de Represión de los delitos informáticos, que actualmente desempeña el papel de la histórica Delegación de Orden Político y Social, el notorio DOPS, creado en 1924 para reprimir a los anarquistas, utilizado principalmente durante el Estado Novo y más tarde en el Régimen Militar en 1964, con el fin de controlar y reprimir a los movimientos políticos y sociales que se oponen al poder. La policía dijo que las detenciones se basaban en la investigación que desarrolla en secreto la justicia desde septiembre contra el Frente Independiente Popular (FIP), black blocks y otros grupos de activistas. La metodología de la policía es romper la confianza y la privacidad de y entre las personas. La persecución de todos los que luchan continuará, pero este no es el momento de retirarse de la lucha. Al contrario, dejamos en claro que nuestras hermanas y hermanos secuestrados por el Estado no serán olvidados y que no vamos a perdonar a sus verdugos.
Actualmente de los 23 denunciados, 18 están en libertad provisional debido al habeas corpus interpuesto por la defensa, pero que, sin embargo, restringe la libertad de los compas que no pueden salir de la ciudad de Río de Janeiro o siquiera participar de cualquier manifestación política. Las consecuencias fueron las más dañinas. Igor Mendes, por estar presente en una actividad cultural pública promovida por la FIP el 15 de octubre del año pasado, está preso desde hace más de dos meses; y las activistas Elisa Quadros y Moa se encuentran en la clandestinidad desde diciembre del año pasado por haber participado también en tal actividad. Para otros, uno de los efectos de dicha restricción ha sido el desplazamiento forzoso a otros lugares de trabajo o escuelas, como en el caso de aquellos que eran maestros en ciudades fuera de Río de Janeiro.
Los cargos contra los activistas carecen de cualquier materialidad. Todo el proceso se basa en testimonios de policías federales infiltrados sin autorización judicial y personas motivadas por desacuerdos personales con los acusados. Escuchas telefónicas y mensajes en las redes sociales son manipulados con el fin de implicar la existencia de una supuesta “banda armada”; mientras que varios de los acusados ni siquiera se conocían antes de la detención. Sin presentar pruebas, los libros se transforman en cócteles Molotov y las plumas en armas.
Además de las personas que fueron denunciadas, se incluye en la lista de los presos también a Fábio Raposo y a Caio Silva, ya presos bajo la acusación de haber dado muerte al técnico de cámara de la televisión Bandeirantes. La inclusión de dos personas que ni siquiera asistieran a una sesión plenaria de la FIP tiene el único fin mediático de dar vida a la trama del espectáculo de la democradura.
Durante todo el proceso, los abogados de los activistas vieron su trabajo dificultado de muchas maneras diferentes. Incluso el acceso a la investigación se vio obstaculizado, mientras que la cadena de televisión Globo, por su parte, pudo difundir de antemano los testimonios reunidos por la policía, y todo tipo de tonterías que figuran en las miles de páginas de la investigación, utilizando en sus informaciones los mismos términos que la policía política fascista para caracterizar las organizaciones y movimientos involucrados: “el Movimiento Popular Revolucionario Estudiantil (MEPR) es una organización comunista que predica la guerra, la división de la tierra y la violencia […] con una naturaleza casi terrorista” y “El MEPR [Movimiento Estudiantil Popular Revolucionario] y el OATL [Organización anarquista Tierra y Libertad] no buscan las acciones políticas en las propias elecciones formales. El OATL por ser fundamentalmente anarquista y MEPR por tener una naturaleza casi terrorista”.
Es evidente que el propósito de la judicatura es transformar a los manifestantes que se encuentran en calidad de presos políticos en “delincuentes comunes” o “asesinos crueles y sanguinarios”, y al frente de movimientos populares que organizan reuniones abiertas en una peligrosa “banda armada”. Mientras Igor Mendes, Caio Silva y Fabio Raposo están presos, continúa la execrable manipulación de la Delegación de Represión de los Delitos informáticos con fabricación de pruebas. También, a la vez, el juez fascista Flávio Itabaiana, asesorado por Globo, actúa junto a las gestiones de Pezão (PMDB) y Dilma Rousseff (PT) para justificar el “castigo ejemplar” de los 23 activistas, dando precedentes para la expansión del poder represivo del viejo Estado contra las libertades democráticas de manifestación y de expresión en todo el país. Estos son acusados en el proceso Firewall 2:
Elisa Sanzio (Tinkerbell), Luiz Carlos Rendeiro Junior, Gabriel Marino, Karlayne Pinheiro (Moa), Eloisa Samy, Igor Mendes, Camila Jourdan, Igor D’Iicarahy, Drean Moraes, Shirlene Feitoza, Andressa Feitoza, Leonardo Baroni, Emerson Fonseca Rafael Caruso, Philip Proença, Pedro Freire, Felipe Frieb, Pedro Brandão, Bruno Machado, André Basseres, Joseane Freitas, Rebeca Martínez, Fabio Raposo y Caio Rangel Silva.

El primer detenido de las jornadas de junio es negro y pobre.
Es en este mismo escenario que, el 20 de junio de 2013, en medio de una de las más grandes manifestaciones en Río de Janeiro, el joven Rafael Braga Vieira, negro, de 26 años, persona sin abrigo, conocido en el barrio donde fue encontrado por recoger latas como manera de ganar algo de dinero, fue detenido. En el momento del arresto, Rafael Braga Vieira llevaba una botella de plástico que contenía cloro y otra botella de plástico con desinfectante. El joven fue juzgado y condenado porque la justicia consideró que transportaba material para la fabricación de explosivos “cóctel Molotov”.
El caso de Rafael Braga Vieira no es solo un ejemplo de una detención arbitraria, sino también lo consideramos un caso emblemático dentro de una estrategia intencional de desalentar a los manifestantes. Es, por esto, un símbolo de la represión en plena democracia, el abuso de poder, la violencia y la injusticia hacia los más vulnerables. En el caso, es importante recordar que:
Rafael Braga Vieira fue detenido junto con otros cuatro manifestantes. Los tres fueron puestos en libertad posteriormente. Sin acceso a ningún tipo de defensa, solo el joven sin vivienda permaneció detenido.
De todas las manifestaciones que tuvieron lugar en junio en Río de Janeiro, con más de medio millón de personas, el único condenado era un joven, negro, sin hogar, sin ningún tipo de identificación ideológica.
El informe técnico de la Policía Civil dice que las dos botellas que se le encontraron tenían una “muy pequeña posibilidad de que fueran un cóctel Molotov”.
El informe también llama la atención sobre el hecho de que las botellas encontradas a Rafael Vieira Braga eran de plástico, lo que impedía transformarlas en cócteles Molotov, que necesariamente tienen que ser de vidrio.
Llamamos también la atención sobre el hecho de que el joven Rafael Braga Vieira encaja exactamente en el perfil de los sujetos que más mueren por la violencia institucional y son los que están en masa en las cárceles de Brasil, espacios reales de la inhumanidad. Rafael Braga Vieira fue condenado a cinco años de prisión.

¡¡¡¡Todo preso es un preso político!!!!
¡¡¡¡Libertad para todos los presos políticos!!!
¡¡¡¡Libertad para Igor, Caio Fabio y Rafael!!!

Solidarixs con lxs 23
#Euapoioos23